Última actualización: 8 de enero de 2020
La AfD demandará a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) para obtener una orden judicial. El comité ejecutivo del partido ha recibido dos borradores de demanda del bufete de abogados Höcker, con sede en Colonia, y se tomará una decisión en los próximos días. El plazo expiró el 6 de enero: el bufete Höcker había dado a la BfV la oportunidad de retirar su clasificación de las facciones "Ala" y "Alternativa Joven" de la AfD como presuntos extremistas de derecha sin necesidad de iniciar un proceso judicial. El año pasado, la agencia amplió su definición de "extremistas de derecha" en Alemania al clasificar a los miembros de estos dos grupos como presuntos extremistas.
Se considera que alrededor de 8.000 personas pertenecen a esta “ala”, es decir, aproximadamente uno de cada cuatro miembros de la AfD.
La oficina basa sus alegaciones en la premisa de que las críticas de la AfD a la actual política de fronteras abiertas del gobierno tienen una motivación fundamentalmente racial. Además, argumenta que una comprensión del pueblo que tenga en cuenta los aspectos culturales y étnicos es incompatible con los principios constitucionales fundamentales y los derechos humanos. La AfD rechazará esta afirmación en el litigio pendiente.
La Oficina Federal para la Protección de la Constitución basa sus acusaciones en una recopilación selectiva de declaraciones de miembros individuales de la AfD que no fueron autorizadas por los órganos del partido y que las saca de contexto. La agencia no tiene en cuenta que importantes representantes de los partidos tradicionales, como Thilo Sarrazin (SPD), Peter Gauweiler (CSU) y Kai Wegner (presidente del estado federado de Berlín de la CDU), han hecho declaraciones públicas prácticamente idénticas.
Según un informe del "Süddeutsche Zeitung", en los próximos meses se tomarán nuevas medidas para supervisar al partido AfD por parte de la "Oficina para la Protección de la Constitución".